Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

IAEEs un impuesto de titularidad municipal, de carácter periódico y obligatorio en todos los Ayuntamientos, que grava la realización de cualquier tipo de actividad económica.

Están obligados a pagar dicho impuesto las personas jurídicas que realicen en territorio nacional actividades económicas, siempre que la cifra de negocios supere 1 millón de euros. Las personas físicas están exentas. Se paga el IAE en el municipio donde se desarrolle la actividad y se puede domiciliar.

La cuota tributaria es el resultado de aplicar distintos elementos:

  • Una cuota tarifa o importe mínimo: se calcula en función de la actividad y de la superficie de los locales utilizados.
  • Un coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios.
  • Un coeficiente municipal de situación de los locales en el callejero.
  • Un recargo provincial (si la provincia lo estima oportuno).

Hay un listado de actividades económicas recogidas en el RDL 1175/1990 y divididas en tres secciones: actividades empresariales, profesionales o artísticas.

Existen bonificaciones para cooperativas, sociedades agrarias, uniones, federaciones y confederaciones. Existen reducciones de cuota para comercios, restaurantes, hospedaje y reparaciones. También por grandes obras y por obras en la vía pública.

El nacimiento de la obligación de tributar en el IAE (devengo), se produce el primer día del periodo impositivo, es decir, el día 1 de enero de cada año respecto a las actividades en curso, mientras que para las actividades que se inicien a lo largo del año natural, el devengo coincidirá con la fecha en que tenga lugar el inicio de la actividad.

Una empresa debe comunicar las altas, variaciones y bajas de actividad en el plazo de un mes a partir del momento de producirse las mismas. La comunicación de dichas altas, bajas y variaciones debe realizarse en las oficinas de la AEAT a través del modelo 840 específico para dicho impuesto.

En Madrid se suele pagar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.

 

Suministro Inmediato de Información (SII)

El RD 596/2016 de diciembre-16 aprueba el nuevo sistema de SII, que entra en vigor el 1 de julio de 2017. Están afectados por la reforma todas las empresas que liquiden IVA mensualmente, es decir, que:

  • Facturen más de 6 MM € /año; o
  • Consoliden fiscalmente en grupo fiscal; o
  • Estén inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA.

La reforma consiste en la llevanza a través de la Sede Electrónica de AEAT de los libros de:

  • Facturas emitidas: 4 días desde la fecha de expedición de la factura.
  • Facturas recibidas: 4 días desde la fecha de contabilización.
  • Operaciones intracomunitarias: 4 días desde el inicio del transporte o desde la recepción de los bienes.
  • Bienes de inversión. Hasta el 30 de enero.

Cabe destacar que:

  1. El envío se realizará por vía telemática mediante mensajes XML.
  2. No computan fines de semana ni festivos.
  3. Durante el segundo semestre de 2017 se permite, excepcionalmente, un plazo de 8 días.
  4. Durante el segundo semestre de 2017 habrá que informar de las operaciones del primer semestre.

Además de la información básica (número de factura, fecha, datos del destinatario, base imponible y cuota), hay que dar información adicional muy completa que incluye: descripción de operaciones, exención de IVA, inversión de sujeto pasivo, periodo de liquidación de las operaciones, facturas sustitutivas, facturas rectificativas, etc…

 

Aspectos positivos:

  1. Se incrementa el control y prevención del fraude fiscal.
  2. Se amplía el plazo de presentación del IVA mensual en 10 días.
  3. Se exonera de la obligación de presentar los modelos 340, 347 y 390 (se siguen presentando los modelos 349 e Intrastat).

Aspectos negativos:

  1. Incremento de la carga administrativa.
  2. Reducción de la competitividad de las empresas, puesto está implantado en otros estados de la Unión Europea a excepción de Portugal.

 

 

 

 

 

Operaciones vinculadas

Si nuestra sociedad ha realizado durante el ejercicio operaciones con entidades o personas consideradas dentro del perímetro de vinculación puede ser que estemos obligados a incluir en nuestra declaración del Impuesto sobre Sociedades información al respecto en función del volumen y tipo de operación realizada.

En el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Sociedades se define perímetro de vinculación, al que tiene una entidad con:

a) Sus socios o partícipes.

b) Sus consejeros o administradores (excepto la retribución por el ejercicio de sus funciones).

c) Otra entidad cuando ambas pertenezcan a un grupo.

d) Los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas pertenezcan a un grupo.

e) Otra entidad participada por la primera en más de un 25%.

f) Sus establecimientos permanentes en el extranjero (sucursales).

No hay obligación de informar en el caso de:

  • Operaciones realizadas entre entidades de un mismo grupo de consolidación fiscal.
  • Operaciones realizadas en el ámbito de OPAs y OPVs.
  • Operaciones realizadas con una entidad vinculada por importe inferior a 250.000 euros.

 

La inversión del sujeto pasivo

Esta semana toca artículo duro. Sólo para forofos de la fiscalidad. Para las personas normales es mejor dejar de leer ahora.

Yo tenía el IVA completamente abandonado (profesionalmente) desde hace más de 10 años. Hasta que hace unos meses, en mi nuevo trabajo, me encontré con IVAs diferidos, IVAs intracomunitarios e inversiones de sujeto pasivo. Voy a hablar de este último caso.

Según la normativa serán sujetos pasivos del IVA las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos al Impuesto. Sin embargo en determinadas circunstancias se produce la inversión del sujeto pasivo, que supone que la condición de sujeto pasivo se hace recaer en el que compra el bien o recibe el servicio.

Para realizar la inversión del sujeto pasivo es necesario que el destinatario de los bienes o servicios sea un empresario o profesional y que actúe como tal y se aplicaría en aquellas operaciones sujetas al Impuesto que se relacionan a continuación:

  • Cuando dichas operaciones se realicen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.
  • Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.
  • Cuando se trate de entregas de desechos de la industria
  • Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde octubre de 2012 se han ampliado las circunstancias en las que han de aplicarse la inversión. Se llevará a cabo cuando se trate entregas de bienes inmuebles en las siguientes condiciones:

  • Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
  • Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el adquirente.

También se aplicará cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización (suplidos), consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

 

 

Fraude fiscal (2), el strip tease tributario

A finales de enero, un total de 31 países (entre ellos España, Alemania, Francia o Suiza) firmaron en París un acuerdo para que las multinacionales detallen sus beneficios y los impuestos que pagan en cada jurisdicción. Este strip tease tributario, que es temido por las grandes empresas y que tiene la clamorosa ausencia de Estados Unidos, supone un intercambio de información país por país y está incluido en el plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE. A partir de ahora, las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros estarán obligadas a presentar un informe con información desagregada de todos los estados donde operan. Se indicarán los ingresos, los resultados brutos, los impuestos devengados y satisfechos, los fondos propios, el valor neto contable de los activos y la plantilla.

La Comisión Europea abrió en 2014 la caja de gusanos de los tax rulings (pactos fiscales entre los estados y las multinacionales) para descubrir las enormes ventajas selectivas que disfrutaban grupos como Apple (en Irlanda), Starbucks y Google (en Holanda), Amazon y Fiat (en Luxemburgo). Fiat y Starbucks ya tienen que devolver 30 millones cada uno; y Amazon y Apple están a la espera de resolución.

La técnica utilizada por Apple es conocida en el argot financiero como café doble irlandés. La multinacional creó 2 sociedades filiales en Irlanda, cuyo impuesto de sociedades es solo del 12,5% frente al 30% de España. Desde allí se venden iPhones y Ipads a tutiplén a un precio artificialmente alto para que el margen se quede en Dublín. En la filial española aparecen unos ingresos de 240 MM, un beneficio de 10 MM y un impuesto de 4 MM. No está nada mal considerando que las ventas reales se estiman en 3.000 MM.

Lo más vergonzoso, y lo que te da que pensar, es que el actual presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, era el primer ministro de Luxemburgo cuando afloraron centenares de pactos fiscales entre este país y las grandes multinacionales.

Fraude fiscal (1), las seis tretas fiscales

Mi amiguete Josean, que comparte un blog excepcional junto con otros tres colegas (cuatroamiguetes.com), me pasó un informe acerca del paquete de medidas propuestas por la Comisión Europea para combatir la evasión fiscal. Las medidas, publicadas el 8 de febrero, no tienen carácter jurídicamente vinculante y están en línea con los nuevos estándares de fiscalidad internacional desarrollados por la OCDE/G20 en el marco del proyecto BEPS.

Las propuestas de la Comisión sobre asuntos fiscales requieren la aprobación unánime de los 28 estados miembros de la Unión, y estos siempre pretenden escaquearse amparándose en sus idiosincrasias tributarias específicas. Y son precisamente estas idiosincrasias las que aprovechan las empresas para eludir el pago de impuestos y las que nos cuestan a los contribuyentes unos 70.000 millones al año.

Estas son las seis tretas fiscales que están en el punto de mira de Bruselas:

  1. Transferencia de beneficios. Esto ya lo conté en una entrada anterior dedicada a los precios de transferencia. Esta práctica permite que las multinacionales deriven los beneficios obtenidos en las filiales situadas en países con alta fiscalidad hacia aquellas situadas en países que disfrutan de un régimen impositivo más benévolo. La norma propuesta por Bruselas permitiría gravar los beneficios desviados artificialmente si el tipo impositivo del país de la filial es un 40% inferior al del país afectado.
  1. La “Doble No Imposición”. Actualmente, los dividendos que entran en la UE desde un tercer país disfrutan de una exención de tributación aunque no hayan sido previamente gravados en su país de origen. La norma propuesta por Bruselas supondría anular esta exención si no se ha tributado (o se ha tributado a un tipo muy bajo) en el otro país. Para los anglo-flipados esta es la cláusula switch-over.
  1. Transferencia de activos. Algunas compañías transfieren activos intangibles (patentes, propiedad intelectual) a filiales situadas en países con baja o nula fiscalidad sólo para reducir la factura tributaria en el momento de una eventual venta de ese activo. La norma propuesta por Bruselas propone aplicar un impuesto de salida a estos activos cuando salgan de la UE.
  1. Transferencia de deuda. Las multinacionales organizan sus préstamos intragrupo para que la deuda se concentre en las filiales de países con tributación elevada. Así, los gastos financieros (pago de intereses) de esa deuda se deducen a un tipo mayor. Por otra parte, se crea una filial acreedora (la que presta el dinero) en un país donde los ingresos financieros (cobro de intereses) tengan nula o baja tributación. En definitiva, el grupo se presta y paga intereses a sí mismo de forma que el pago de intereses reduce la factura fiscal y el cobro de intereses está exento de tributación. La norma propuesta por Bruselas pretende limitar los intereses deducibles a un máximo del 30% del EBITDA.
  1. Aprovechamiento de incongruencias entre legisladores nacionales. Esto es fácil de entender: no hay una normativa fiscal homogénea en la Unión. Las multinacionales aprovechan que ciertos estados de la UE tratan el mismo tipo de ingresos o de compañías de modo distinto. La norma propuesta por Bruselas obliga a que la empresa del país donde se originó el pago sea la que el país de destino tenga en cuenta a efectos fiscales. Es decir, que si una empresa compra lápices en España y los vende en Francia (donde los lápices están bonificados), esa venta tributaría como si los vendiera en España. ¡Imaginaros el pitote!
  1. Fiscalidad agresiva en general. Las multinacionales tienen a unos fiscalistas muy bien pagados que se las saben todas. Esto quiere decir que las cinco tretas anteriores pueden convertirse en cinco mil. La norma propuesta por Bruselas aplicaría cuando las autoridades crean que existe una ingeniería fiscal artificial.

Patent Box

El Patent Box es un incentivo fiscal que consiste en una bonificación sobre rentas procedentes de la cesión del derecho de uso de ciertos activos intangibles (patentes, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas).

Se trata de un incentivo fiscal creado por la Unión Europea para promover la I+D+i en el sector privado. Fue introducido en España con el art. 23 de la Ley 16/2007 (Ley de Impuesto de Sociedades).

Actualmente la bonificación es del 60%, es decir, las citadas rentas tienen un tipo efectivo de gravamen del 10% (en vez del 25%).

Para poder aplicar esta deducción:

  • El cesionario debe usar el activo intangible en el desarrollo de una actividad económica.
  • Debe existir un contrato de cesión y registros contables para determinar las rentas derivadas de la misma.

Además de los beneficios obvios, hay dos grandes ventajas:

  • Es independiente de la base imponible de la sociedad.
  • Es compatible con otras ayudas al I+D+i.

A partir de julio de 2016 habrá que multiplicar el 60% por el siguiente coeficiente corrector (que nunca será superior a 1):

  1. Numerador: (gastos de creación del activo) x 1,3
  2. Denominador: (gastos de creación del activo) + (gastos de adquisición del activo)

(*) No se incluirán los gastos que no estén directamente relacionados con la creación del, como amortización de inmuebles o gastos financieros.

Impuesto de Sociedades 2016

En los Presupuestos Generales del Estado publicados en octubre del pasado año se aprobaron una serie de novedades relativas al Impuesto de Sociedades:

  • Tipo general de gravamen: 25%.
  • Prestación patrimonial por conversión de DTA en créditos exigibles: las empresas que tengan “activos por impuestos diferidos” (Deferred Tax Assets o DTA) que den derecho a su monetización, deberán pagar una prestación del 1,5% de los DTA por la conversión de los mismos en un crédito exigible frente a la Administración tributaria.
  • Modificación en el cálculo del Patent Box. Para no hacer muy densa esta entrada, comentaré este incentivo fiscal en una entrada posterior.

 

Recordemos que durante 2015 ya se realizaron algunas modificaciones:

  • Supresión de incentivos fiscales como las deducciones por reinversión y por medioambiente o las deducciones de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
  • Creación de incentivos fiscales para actividades que ayuden al crecimiento económico y al cambio del modelo productivo (actividades industriales) o para actividades intensivas en electricidad.

 

Una de las novedades más interesantes son 2 incentivos fiscales para fomentar la capitalización de las empresas:

  • Reserva de capitalización. Las empresas que destinen parte de sus beneficios a esta nueva reserva (que es indisponible durante 5 años) podrán minorar su base imponible en el 10% de la de la reserva dotada. El objetivo de este depósito es que la empresa disponga de fondos propios para las inversiones que se realicen en los siguientes 5 años.
  • Reserva de nivelación. Las PYMES que destinen hasta un 10% de su base imponible a esta nueva reserva (con el límite de 1 MM) podrán excluir de tributar el 100% de dicha reserva, lo cual supone de facto minorar la base imponible en un 10%. Para ello, es necesario que se destinen esos fondos a compensar las bases imponibles negativas (BINs) que se obtengan en un plazo de 5 años. Transcurrido dicho plazo, la cuantía de la reserva que no haya sido usada para dicha compensación se someterá a tributación, integrándose en la base imponible del ejercicio correspondiente.

 

Ejemplo práctico

Imaginemos una empresa que obtuvo beneficios de 6.000 € en 2015. Su base imponible son esos 6.000 €.

Si durante el ejercicio destinó un 100% de esa BI a la reserva de capitalización (6.000 €) tributaría sólo por 5.400 € (6.000 – (10%x6.000)).

Si durante el ejercicio destinó un 10% de esa BI a la reserva de nivelación (600 €) tributaría sólo por 5.400 € (6.000 – 600).

Si durante el ejercicio combina ambas reservas destinando 6.000 € a la reserva de capitalización y 540 € a la reserva de nivelación, tributaría sólo por 4.860 € (6.000 – 600 – 540).

Imagen 1
Aisladamente, el tipo efectivo resultante de dotar cada reserva sería un 22,5%. Pero si las combinamos podría llegar a ser un 20,25%.

Precios de transferencia

Una breve parte teórica

El precio de transferencia es el precio asignado a las operaciones entre partes vinculadas de un grupo empresarial.

Un grupo multinacional puede intentar maximizar sus beneficios fiscales transfiriendo bases imponibles hacia las filiales ubicadas en países con menores tasas impositivas. Esta transferencia se realizaría “jugando” con el precio de sus transacciones intragrupo.

Por ello, la Administración Tributaria, en aplicación del Principio de Plena Competencia (Arm´s Length) tiene la facultad de ajustar los precios de transferencia para acercarlos al precio que fijarían dos partes independientes.

La Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) establece 5 métodos para evaluar la razonabilidad de los precios de transferencia:

  • Precio libre comparable. Es un criterio objetivo. El precio se calcula según los precios similares de un mercado abierto y competitivo.
  • Coste incrementado. Es un criterio válido cuando no existe mercado. El precio se calcula en función de los costes incurridos en la generación del producto/servicio más un margen de mercado.
  • Precio de reventa. El precio se calcula minorando del precio de venta final el margen que aplica el revendedor en una reventa posterior.
  • Asignación del resultado. El precio se calcula distribuyendo el resultado de la venta final entre las distintas partes implicadas en el proceso.
  • Margen neto operacional. El precio se calcula atribuyendo a cada parte implicada en el proceso el margen de mercado que hubiera obtenido una empresa comparable.

 

Un reciente caso práctico

Este verano pasado saltó la noticia de que Schweppes había perdido un pleito contra Hacienda de 38,6 millones de euros por los precios de transferencia.

Al parecer, la sociedad holandesa (Schweppes International Limited) suministraba concentrado y extractos a una sociedad española (Schweppes SA) a precios superiores a los de mercado. Por otra parte, la sociedad española Citresa (también del Grupo) vendía ciertos bienes a la holandesa a precios inferiores a los de mercado. En definitiva: las sociedades españolas perdían dinero y la holandesa lo ganaba.

La sentencia señalaba que: “el hecho de que Citresa venda a precios inferiores y que Schweppes SA asuma costes mayores que los que le corresponderían supone que en España se produce una menor tributación, en términos conjuntos, que la que se produciría de haber efectuado las transacciones a los precios que empresas independientes hubieran fijado en condiciones de mercado”.