Bonos verdes

Hace 10 años, el 5 de julio de 2007, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzó el primer bono verde. Se trata de emisiones de deuda cuya caja va destinada a actividades sostenibles para medioambiente.

Últimamente se ha puesto especialmente de moda. Solo en 2016 se colocaron 100.000 millones de euros de estos instrumentos en todo el mundo y hasta Apple se ha sumado a la corriente. En España, a fecha de hoy, se han emitido 9.000 millones de euros, con Iberdrola (4.200 millones) y el ICO (2.000 millones) a la cabeza. BBVA y Santander son los bancos de inversión más activos como colocadores de este producto. Luego están los de siempre: Citi, HSBC, Societé Générale…

Buena parte de este crecimiento viene motivado por la presión de los inversores para que las empresas emitan bonos sostenibles. Los escandinavos fueron los primeros en concienciarse y ahora lo hacen las grandes gestoras británicas y estadounidenses. De hecho, ya hay varios fondos de inversión que solo invierten en bonos verdes.

La emisión de bonos verdes no ha estado exenta de polémica. La presencia de ciertas empresas chinas en este mercado ha despertado críticas. El pasado junio, ADIF anunció la emisión de 600 millones de bonos verdes para financiar su plan de inversiones y las necesidades de la empresa para asuntos como, por ejemplo, el riesgo de pago de las reclamaciones por la paralización de obras y la rescisión de contratos, que se ha disparado en los últimos dos años. Esto último no sé qué tiene de “compromiso medioambiental”. Tan solo parece añadir más deuda a la que ya es la empresa pública española más endeudada.

También levantó ampollas la colocación inaugural de Repsol el pasado mayo. La compañía petrolera emitió 500 millones de euros con vencimiento a 5 años, convirtiéndose en la primera compañía del sector del petróleo y el gas a nivel mundial que lanzaba una emisión de este tipo. La colocación se saldó con un cupón del 0,5%, es decir, 35 puntos básicos (pb) sobre el midswap, la referencia de las emisiones de renta fija en euros. La compañía abrió los libros por la mañana y en tan solo dos horas ya tenía una demanda de 2.800 millones de euros, lo que le permitió reducir notablemente el cupón (desde 50 pb a 35 pb). Para llevar a término esta operación, la petrolera repartió el pastel entre los bancos de inversión clásicos en estas operaciones “corporativas”. Contrató a BBVA como líder de la emisión y a Citi y a HSBC como coordinadores globales. Además, contó con los servicios de Intesa Sampaolo, BNP Paribás, Caixabank, Goldman Sachs Santander y Societé Générale.

Pese a las críticas, lo cierto es que cuando una empresa lanza un bono verde asume unos compromisos concretos en cuestiones medioambientales. En el caso de Repsol, según comunicó la compañía en la CNMV, “los fondos se destinarán a refinanciar y financiar proyectos dirigidos a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero en actividades de refino y química en España y Portugal”. Quien sabe… Un organismo denominado Climate Bonds Initiative ya ha anunciado que este bono carece de credenciales para incluirlo en su índice. Como dijo un periodista: “La venta de bonos verdes por parte de una empresa de hidrocarburos fósiles resulta tan chocante como el patrocinio de McDonald´s en unos Juegos Olímpicos”. Pero la demanda de los inversores de este tipo de bonos hace pensar que algo puede estar cambiando.

 

 

Préstamos ICO

Las Líneas de Mediación o Líneas ICO, son líneas de financiación en las que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) actúa a través de las Entidades de Crédito, es decir, concede los fondos con la intermediación de las citadas Entidades.

Por una parte, el ICO establece la dotación económica total y las principales características y condiciones financieras de las diferentes líneas de financiación. Asimismo, firma los correspondientes Contratos de Financiación con las Entidades de Crédito para la comercialización de las Líneas a través de sus redes de oficinas a las que se dirigen directamente los clientes interesados.

Por su parte, son las Entidades de Crédito quienes asumen el riesgo de impago, se encargan del análisis y viabilidad de la operación, determinan las garantías a exigir, y deciden sobre la concesión o no de la financiación. Una vez aprobada la operación, dichas Entidades formalizan los correspondientes contratos con sus clientes con los fondos que le son entregados por el ICO.

Las Entidades de Crédito responden en todo caso frente al ICO de la devolución de la financiación otorgada por éste, al igual que el cliente final responde frente a la Entidad, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la operación formalizada.

Las condiciones de la Línea ICO son:

  • Destinos financiables: los préstamos podrán destinarse a:
    • Liquidez: Las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, nómina, pagos a proveedores, compra de mercancías, etc.
    • Financiar inversiones productivas dentro del territorio nacional.
  • Modalidad: Préstamo/Leasing para inversión y préstamo para liquidez.
  • Importe de la operación: Financia hasta un máximo de 12,5 millones de euros por cliente, en una o varias operaciones.
  • Tipo de interés del crédito: El cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable más un margen establecido por la entidad de crédito, según el plazo de amortización. El tipo de interés para el cliente (TAE) se publica quincenalmente para todos los plazos y modalidades.
  • Amortización y carencia: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de un año de carencia si se financia 100% Liquidez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta dos de carencia si se financia Inversión.
  • Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad. Salvo la comisión por amortización anticipada voluntaria que será del 2,50% sobre el importe cancelado.
  • Garantías: a determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación.
  • Documentación: El cliente tiene que presentar la documentación que cada entidad de crédito considere necesaria para estudiar la operación, por lo tanto podrá variar de una entidad a otra.
  • Tramitación: Se realiza directamente a través de las entidades de crédito.

 

Avales para el comercio exterior

Como ya hemos visto en anteriores entradas, los anglicismos revisten de glamour términos que nada tienen de glamourosos. Más aún, le dan un aura de misterio que hace que parezcan cuestiones insondables para los mortales. Nada más lejos de la realidad. Aquí pongo un nuevo ejemplo, esta vez referido a los avales utilizados en las operaciones de comercio exterior.

 

Para cada tipo de aval, pongo el nombre en inglés y en castellano, así como una somera explicación del mismo en base a la experiencia de GUPC (el consorcio formado por Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa) en el Canal de Panamá. El exportador es GUPC y el importador es la Autoridad del Canal.

 

BID BOND (licitación). Este aval asegura al importador de que el exportador va a mantener su oferta hasta la adjudicación de la misma. Suelen ser de entre un 2% y un 5% del importe de la oferta.

 

Explicación: GUPC quiere licitar a las obras del Canal de Panamá. La Autoridad del Canal le dice que vale, pero que debe depositar un aval de 50 MM $ por presentarse al concurso. Parece que la Autoridad había estimado un coste de 5.250 MM $, con lo que el aval era un 1%.

 

PERFORMANCE BOND (cumplimiento de contrato). Este aval asegura al importador de que el exportador va a cumplir sus obligaciones contractuales. Suelen ser de entre un 10% y un 20% del importe del contrato.

Explicación: GUPC gana el concurso con una oferta de 3.120 MM $. La Autoridad le dice que deposite otro aval para garantizar que no se va a ir sin terminar la obra y que la va a hacer bien. Este aval ascendió a 400 MM $ (un 13% del importe del contrato).

ADVANCE PAYMENT BOND (anticipos). Este aval asegura al importador la devolución de los anticipos pagados al exportador. Suelen ser de entre un 10% y un 30% del importe del contrato.

Explicación: La Autoridad anticipa dinero a GUPC para hacer la obra, pero le pide un aval para garantizar que no se va a ir sin devolverle ese anticipo. Este aval ascendió a unos 800 MM $ (un 25% del importe del contrato).

 

PAYMENT BOND (pago a proveedores): asegura al exportador de que el importador cumple sus obligaciones de pago.

 

 

 

 

 

Fronting

El mundo de las garantías está globalizado desde hace varias décadas. Con mucha frecuencia, los clientes extranjeros de una empresa requieren fianzas en sus respectivos países, tanto para presentarse a un concurso como para llevar a cabo un contrato adjudicado. A la emisión de garantías en el exterior se la conoce en el mundo asegurador como fronting.

En las operaciones de fronting, los bancos y/o las compañías aseguradoras nacionales (compañía instructora) utilizan los servicios de compañías colegas con sede en el país en que se celebra el contrato (compañías fronting). La compañía instructora solicita la emisión de una garantía a la compañía fronting (fianza 1ª) y debe garantizar que ésta queda indemne de cualquier riesgo mediante la emisión de una contragarantía (fianza 2ª). La compañía fronting cobra una comisión a la compañía instructora (un % de la prima), además de cualquier otro gasto generado (impuestos, notario, etc).

Pongo un ejemplo real: mi empresa quiere electrificar ferrocarriles en Chile para un cliente público llamado “Empresa de Ferrocarriles del Estado –EFE-”. Este le pide una garantía para licitar a un concurso. Mi empresa (tomador del seguro) no conoce a ningún banco ni compañía de seguros en Chile, de forma que se dirige a su asegurador español (asegurador instructor) solicitándole que pida a un asegurador chileno (asegurador fronting) la emisión de la fianza 1ª a favor de la empresa pública chilena (asegurado/beneficiario). El asegurador español emite, al mismo tiempo, una fianza 2ª (contragarantía) a favor del asegurador chileno, relevándole de cualquier responsabilidad económica que pudiera asumir como consecuencia de la fianza 1ª.

En fin, queda reseñado otro anglicismo para denominar al clásico reaseguro de toda la vida, solo que en el un país extranjero.

Homologación de acuerdos de financiación

Una noticia del diario Expansión relativa a FCC, me ha traído a la memoria el tema de las homologaciones de acuerdos de refinanciación. Aprovecho para hablar un poco de la noticia y de la Ley.

La noticia

En enero de 2015, el Juzgado Mercantil de Barcelona validó la homologación judicial acordada entre FCC y el 93% del sindicato bancario, que consistía en aceptar una quita del 15% mediante la amortización de 900 millones con los 765 millones captados en la última ampliación de capital de la empresa. La deuda restante (450 millones) se retribuiría al 5%. Blackstone y Goldamn Sachs se opusieron a la operación y recurrieron a los tribunales por los daños causados. A finales de noviembre de 2016, el juez dio la razón al grupo constructor.

La ley

El Real Decreto Ley 4/2014 de Refinanciación modifica la Ley Concursal regulando los acuerdos de refinanciación para las empresas que no sean viables desde un punto de vista financiero, pero sí lo sean desde el punto de vista operativo. Las empresas susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario, pueden iniciar un proceso de negociación para refinanciar su deuda y así evitar el concurso de acreedores.

Se permite la homologación de acuerdos de refinanciación suscritos por acreedores que representen al menos el 51% del pasivo financiero. Pero, lo que abre muchas posibilidades para lograr acuerdos es la extensión de los efectos acordados a los acreedores disidentes:

A) Por los créditos sin garantía real, si el deudor logra que el 75% de su pasivo financiero suscriba el acuerdo de refinanciación, se pueden imponer a los acreedores disidentes:

1) Esperas superiores a cinco años (aunque nunca superiores a diez años),

2) Quitas en el importe adeudado,

3) Conversión de deuda en acciones de la sociedad deudora

4) Conversión de deuda en préstamos participativos,

5) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la deuda

B) Por los créditos con garantía real, el deudor tendrá que lograr la suscripción del acuerdo del 80%.

Esta norma deja fuera a las deudas contraídas con hacienda y la Seguridad Social.

Feliz 2017.

 

 

 

 

Cash pooling

Hoy muy cortito, que estamos en Navidad.

El Cash Pooling es una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas o para sociedades con sucursales.

Con dicha gestión se permite pasar de varias cuentas que posee cada empresa del grupo, a una cuenta única y centralizada, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.

Con la periodicidad diaria se realiza un “barrido” de las cuentas de las delegaciones o filiales, con el traspaso de tesorería en ambos sentidos, con la consiguiente mejora en los resultados financieros.

El barrido desde varias cuentas corrientes a una cuenta matriz puede hacerse:

  1. Apunte a apunte.
  2. Día a día.
  3. Mes a mes.

 

 

Project Finance

CONCEPTO

El Project Finance es un mecanismo de financiación de inversiones cuyo fundamento es la capacidad del proyecto para generar flujos de caja positivos y no la solidez y solvencia de los patrocinadores, que son quienes proponen la idea de negocio que constituye el proyecto que hay que financiar. Por tanto, la financiación del proyecto no depende tanto del valor de los activos que los patrocinadores están dispuestos a poner como garantía del proyecto, como de la capacidad del proyecto para pagar de la deuda contraída y remunerar el capital invertido.

De esta forma, podrían citarse los siguientes rasgos distintivos de un Project Finance:

  • El deudor es una sociedad creada por los patrocinadores específicamente para desarrollar el proyecto (The Special Purpose Vehicle –SPV-). Esta entidad es financiera y jurídicamente independiente del patrocinador.
  • Los prestamistas aportan los recursos ajenos siendo su única garantía los flujos de caja y los activos del proyecto.
  • Los riesgos del proyecto se asignan de manera equitativa entre todas las partes que participan en la transacción, con el objetivo de conseguir una mejor gestión y control de los mismos.
  • Los flujos de efectivo generados deben ser suficientes para cubrir los gastos operativos y devolver el capital e intereses de la deuda. Dado que este es el destino prioritario de los flujos de tesorería, sólo los fondos residuales que quedan después pueden destinarse al pago de dividendos a los patrocinadores.

 

POR QUÉ SE UTILIZA UN PROJECT FINANCE PARA FINANCIAR UN PROYECTO

Un patrocinador puede optar por financiar un nuevo proyecto con dos alternativas:

  • Financiar el proyecto “On balance sheet”. Esta alternativa implica que los patrocinadores usan todos los activos y los flujos de efectivo de la empresa existente para garantizar los fondos proporcionados por los prestamistas. Si el proyecto no tiene éxito, todos los activos y los flujos de efectivo del patrocinador servirán como fuente a los acreedores.
  • Financiar el proyecto “Off balance sheet”. En esta alternativa, el proyecto es desarrollado por nueva entidad y es financiado a través de un Project Finance. Si el proyecto no tiene éxito, los acreedores no tienen derecho sobre los activos del patrocinador. Esta opción suele ser mucho más costosa que la anterior, ya que por un lado, los diferentes asesores necesitan tiempo para evaluar el proyecto y negociar los términos del contrato. Por otro lado, el coste de la supervisión del proceso del proyecto es muy alto. Por último, los prestamistas esperan una compensación por el mayor riesgo en que incurren.

Si bien la financiación a través de un Project Finance puede ser más costosa, ofrece una serie de ventajas tales como:

  • El Project Finance permite la asignación de riesgos entre los participantes en la transacción. De esta forma, el proyecto puede soportar un ratio de endeudamiento superior al que podría soportar en otras circunstancias. Esto tiene un importante impacto sobre el retorno de la inversión para los patrocinadores.
  • La financiación llevada a cabo por la empresa de forma tradicional, suele requerir la prestación de garantías, muchas veces a través de los propios activos de los patrocinadores. En las operaciones de Project Finance, las garantías sobre los préstamos se afectan únicamente a los activos relacionados con el proyecto de inversión. De esta forma, los activos de los patrocinadores pueden garantizar, en caso de que sea necesario, financiación adicional.
  • La realización de un proyecto a través de un Project Finance reduce el riesgo de los inversores.

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROJECT FINANCE

Un Project Finance se puede ver como una red contractual que gira en torno a la SPV. Cada entidad establece los contratos con la SPV que se refieren a fases específicas o partes del proyecto. El acuerdo tiene éxito cuando todos los intereses de las partes (aunque no siempre totalmente compatibles) se cumplen al mismo tiempo. Cada contrato, a su vez, puede incluir la subcontratación con terceros y la prestación de garantías colaterales.

Cada participante en un Project Finance puede tener diversas funciones. Por ejemplo, el contratista puede ser promotor, constructor, y operador del proyecto, ya sea solo o en una empresa conjunta con los demás. Los bancos pueden ser los patrocinadores y prestamistas de forma simultánea.

El hecho de que sólo unos pocos jugadores participen desarrollando cada uno diferentes roles es muy habitual. De hecho, el principal interés de los patrocinadores es que el proyecto genere flujos de caja positivos. Al jugar muchos papeles diferentes, se beneficiarán de mayores flujos tanto en términos de ingresos más altos, como de costes más bajos.

 

EL PAPEL DE LOS ASESORES EN EL PROJECT FINANCE

  1. El papel de los asesores jurídicos

Los asesores legales desempeñan un papel muy importante en un Project Finance, debido al gran número y la variedad de tareas que realizan y a su importancia en la estructuración global del proyecto. Suelen ser nombrados por los patrocinadores, y sus tareas cubren todo el proceso de estructuración del acuerdo. La profesionalidad y el prestigio de las firmas de abogados que participan en la estructuración del proyecto son esenciales para el éxito del mismo. Los asesores jurídicos tratan de garantizar la percepción de los flujos de efectivo esperados, articulando un sistema contractual que otorgue una expectativa fiable sobre la realización efectiva de los ingresos previstos para el proyecto y su distribución, tal y como se haya planeado en el modelo financiero.

  1. El papel de los asesores técnicos independientes

Una de las áreas más críticas cuando se diseña un Project Finance son los aspectos técnicos. Los prestamistas necesitan un profesional especializado para ayudarles a evaluar la oferta y decidir si la apoyan o no. Los aspectos técnicos también son importantes para los patrocinadores y sus abogados cuando se están instrumentalizando los aspectos legales y financieros del proyecto. El asesor independiente desempeña un papel muy importante y se le pide expresar una opinión en cuanto a la viabilidad técnica del proyecto. Las actividades más significativas que deben realizar los asesores técnicos independientes pueden resumirse en: (i) la preparación y presentación de informes de due diligence, (ii) la supervisión y realización del proyecto de ingeniería y construcción, (iii) el asesoramiento durante la construcción de las instalaciones, (iv) operaciones de control y gestión.

  1. El papel de los asesores de seguros y compañías de seguros

Desde el punto de vista de un banco o de un inversor, los planes de seguro establecidos para mitigar los riesgos pueden ser determinantes a la hora de evaluar la rentabilidad del proyecto y, en algunos casos, pueden ser incluso indispensables. La capacidad de los asesores de seguros que participan en el análisis de los aspectos asegurables del proyecto es esencial para el resultado positivo del proyecto en sí. La capacidad para establecer una cobertura de seguros a nivel nacional e internacional también es fundamental. Los programas de seguros representan una forma de reparto de los riesgos asociados con el proyecto de la manera más adecuada en función del tipo de proyecto de que se trate. La estructuración de un acuerdo incluye la tarea de dividir y asignar los riesgos entre todas las partes implicadas en el proyecto. Esta asignación de riesgos debe basarse en un análisis de la posibilidad efectiva que cada una de las partes tiene para negociar un seguro que las permita cubrir adecuadamente los riesgos asignados.

 

Fuente: Project Finance, Francisco Fariñas Fernández.

Diccionario financiero

CÉDULA HIPOTECARIA (COVERED BONDS): valores de renta fija emitidos por los bancos garantizados por una cartera de préstamos hipotecarios.

COCOs (BONOS CONVERTIBLES CONTINGENTES): bonos convertibles en los que el inversor no decide si convierte o no, sino que hay unas condiciones establecidas. Favorecen la capitalización de las empresas pues obligan a convertir si bajan los fondos propios.

DEUDA PIK (PAYMENT IN KIND): deuda cuyo principal e intereses (que se van capitalizando) se pagan a vencimiento (>5 años). No está asegurada por un colateral (garantía). Suele ser convertible en acciones. Por todo ello es de alto riesgo y devenga por ello altos intereses.

ETF (EXCHANGE-TRADED FUNDS): fondos de inversión que cotizan en la Bolsa.

HEDGE FUND (FONDO DE COBERTURA): fondo de inversión que toma posiciones cortas (en títulos, divisas o materias primas). Además utiliza CDS (seguros de impago) y derivados (opciones, futuros, swaps).

PROXY ADVISORS: entidades que asesoran a inversores institucionales sobre su ejercicio del derecho de voto en sociedades cotizadas.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR): entidades financieras que facilitan a las pymes el acceso al crédito actuando como avalistas.

TIPOS DE SALIDA A BOLSA:

  • OPV: los dueños venden parte de sus acciones y la empresa comienza a cotizar en Bolsa
  • OPS: se hace una ampliación de capital para nuevos accionistas y la empresa comienza a cotizar en Bolsa.
  • LISTING: todas las acciones comienzan a cotizar en Bolsa y después los dueños venden parte de sus acciones.
  • DUAL TRACK: trabajar al mismo tiempo en una salida a bolsa y en una venta directa.

El método alemán

Esta semana hemos recibido una oferta de un gobierno autonómico para realizar obras de electrificación ferroviaria. La novedad ha sido la propuesta de pago mediante el llamado método alemán.

El contrato de obra bajo la modalidad del abono total del precio constituye la adaptación de la figura puesta en marcha en Alemania –Mogendorfer Modell–, a principios de la década de los 90. Otros países también han adoptado este modelo, por lo que en el ámbito internacional se ha dado en llamar, genéricamente, método alemán.

Jurídicamente este contrato se define como aquél en el que el precio del contrato será satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la terminación de la obra, obligándose el contratista a financiar la construcción adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra terminada [BOE (1996), art. 147].

De acuerdo con sus características originales es equiparable a un contrato “llave en ma­no”: el contratista se obliga frente al cliente, en este caso la Administración Pública, a construir un equipamiento público para su puesta en marcha a cambio de un precio. La nota distintiva es que el pago del importe total del contrato no se efectúa hasta la finalización de la obra, en un único pago (o en varias anualidades), a diferencia del sistema de certificaciones de obra, en el que los desembolsos públicos se realizan a medida que avanza la construcción.

Durante el período de construcción el adjudicatario debe procurar la financiación de las obras necesarias para la utilización de la infraestructura o explotación del servicio. El énfasis se pone en la responsabilidad que asume el contratista frente a la Administración, al asumir los riesgos de la fase de construcción. En tanto no haga disponible el equipamiento en las condiciones previstas, la Administración no satisfará sus compromisos económicos adquiridos. La adjudicación se efectúa a un precio y con un plazo de construcción cerrado, sin admitir modificaciones y estableciéndose penaliza­ciones en caso de retrasos en la fecha fijada para la entrega.

Una vez dispuesta la entrada en funcionamiento, la inversión inicial efectuada por el adjudicatario se reembolsa a través de presupuestos públicos, sin que existan fuentes alternativas de recursos para la entidad privada. Los pagos públicos deben cubrir costes de construcción, IVA y gas­tos financieros originados por la estructura financiera adoptada en la financiación del proyecto. Aquel proyecto que, manteniendo similares características del bien respecto a otros, suponga menores cos­tes de construcción y financieros es, en principio, la opción más idónea.

El operador privado, en este modelo, no tiene por finalidad la explotación o gestión de la infraestructura, siendo la Administración quien debe ocuparse, pudiendo recurrir a la externalización del mantenimiento y explotación del equipamiento y servicio.

Esta figura contractual fue introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupues­tos Generales del Estado para 1997, junto a otra serie de medidas para impulsar la realización de inversiones públicas, en un escenario de restricciones presupuestarias para el cumplimiento de los criterios de convergencia.

En España se ha cuestionado mucho este método, dado que no supone un sistema de financiación privada en sí sino un aplazamiento de los desembolsos públicos, con su repercusión en ejercicios siguientes. Por ello, en la normativa reguladora se establece una restricción al volumen de inversión que puede ser contratado bajo esta modalidad: en cada ejercicio no se puede superar el 30% de los crédi­tos iniciales dotados en el Capítulo VI (Inversiones Reales) del estado de gastos del departamento correspondiente, si bien este porcentaje puede modificarse justificadamente. Con esta limitación se trata evitar que los compromisos originados por este tipo de contrato supongan cargas excesivas en presupuestos futuros.

Fuente: Financiación y gestión privada de infraestructuras y servicios públicos, José Basilio Acerete Gil (2004).

Pagaré a la orden y no a la orden

El pagaré es uno de los efectos comerciales más usados por las empresas. Tanto es así que al tesorero de mi antigua compañía, le llamábamos “David-Pagaré”. El otro día, un proveedor nos pidió que le emitiésemos los pagarés “no a la orden”, y he pensado que podría ser una buena entrada para el blog.

El pagaré a la orden es un documento mediante el cual el emisor se compromete a pagar un importe determinado a un tercero fijado en el documento. Estos pagarés pueden endosarse (es decir, transmitirse a un tercero) firmándose en el dorso del pagaré y entregándolo al endosatario, que adquiere los derechos de cobro. Dado que cumplen una función de giro, estos pagarés pagan IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), más conocido como los timbres.

Si se emite un pagaré con la cláusula “no a la orden”, no se puede endosar. Por tanto tampoco paga timbres. ¿Significa esto que no se puede transmitir a un tercero? La respuesta es que sí se puede, pero esta cesión del crédito es engorrosa, pues se rige por las normas del Código Civil, teniendo que notificarse al notario y al firmante del efecto de forma inmediata y mediante burofax.

Por otra parte, el pagaré puede estar cruzado, es decir, que presenta 2 líneas en el anverso. Cuando esto sucede, dicho pagaré solo podrá ser cobrado por el tenedor del mismo mediante abono en cuenta. Sólo en el caso de que sea cliente de la entidad librada podrá cobrarlo por ventanilla. Si entre ambas barras aparece el nombre de una entidad financiera, sólo podrá ser cobrado en dicha entidad.